COMUNICADO DE LA FEDERACION SINDICAL DE CLASE SOBRE DEVOLUCION DE LA PAGA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Lo que en principio puede aparentar ser una buena noticia, no es más que una maniobra política para confundir una vez más a los funcionarios como parte del electorado.
En el Consejo de Ministros del próximo día 11 de septiembre, muy probablemente, el ministro de Administraciones, Economía y Hacienda, va a proponer las formulas jurídicas para realizar la devolución del 25% de la paga extraordinaria en este año, y otro 25% en el año 2016, que en el año 2012 nos sustrajo a los trabajadores del sector público. Lo que sin duda es una buena noticia para todos los que trabajamos en el sector público.
Pero la medida tiene un enorme contenido político y electoral. En primer lugar, que con fondos públicos un Gobierno se permita adoptar una medida para lavar su imagen ante un colectivo electoral compacto y de gran importancia a nivel electoral (2.550.00), es algo que debería estar perseguido por la justicia.
Un Gobierno que su principal actuación en las administraciones públicas su acción de Gobierno se ha centrado en destruir el empleo en las administraciones públicas, cerca de medio millón de puestos de trabajo públicos destruidos durante su legislatura y cuyo objetivo fundamental ha estado en privatizar los servicios públicos de los Ayuntamientos, la Sanidad y la Enseñanza, ahora pretende confabular una operación para cambiar su imagen ante los trabajadores del sector público, aparentando que nos dan algo. No nos dan absolutamente nada, nos devuelven parte de lo que se apropiaron indebidamente en el 2012, rompiendo para ello, incluso con los convenios colectivos. Un Gobierno que ha puesto la mayoría de servicios públicos en manos de grandes empresarios como Florentino Pérez, que los empleos que mantiene en su empresas, están sometidos a la dictadura del despido libre y a la vejación en las condiciones de trabajo.
Un Gobierno que ha llevado al sector público los expedientes de regulación de empleo en las administraciones, con una distinción con el sector privado, y es que los ERES públicos tienen obligatoriamente que ser de carácter extintivo de los contratos de trabajo y no suspensivo.
Lo mismo que en la Ley Concursal ha modificado la prelación en el pago a los acreedores, poniendo por delante de los salarios y de las indemnizaciones de los trabajadores para el cobro de los acreedores, a los bancos y a las administraciones. En el sector público han puesto por delante del pago de las nóminas el pago a proveedores.
La tasa de reposición de los puestos de trabajo vacantes en las administraciones públicas que se ha mantenido al 0%, ha hecho un efecto destructivo del empleo público en todas las administraciones y muy especialmente en los grandes ayuntamientos.
El Gobierno Rajoy, también ha aumentado la jornada laboral, si sumamos el recorte de derechos, posiblemente la jornada ha aumentado en un mes y medio más de trabajo de forma anual; 2,5 horas por semana, disminución de asuntos propios, disminución de días de vacaciones, etc…
El R.D. 20/2012 significo un recorte de 4000 millones de euros para los funcionarios, exactamente igual que para los parados, donde en plena crisis, se arrollo y se ultrajaron las prestaciones sociales contributivas; se bajo del 70% de la base reguladora al 60% los seis primeros meses, a partir del séptimo mes se bajo al 50%, se retraso el paro indefinido para parados de larga duración de los 52 años a los 55, se rebajaron los topes según cargas familiares en más de 100 euros mensuales. Pero de devolver los 4000 millones de euros de recorte de los parados no se habla de nada, no son un colectivo compacto tratable electoralmente.
No es desinteresada tampoco la devolución, para la banca, y se supone que para el ministro, la devolución del 25% de la paga va a significar la devolución de 1000 millones de euros, los mismos que el Gobierno va a pedir a la banca privada, bajo un coste de 240 millones, es decir, la banca siempre gana.
La Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas, impide y deja maniatados sobre todo a los Ayuntamientos, que estarán obligados por ley a cerrar empresas públicas o servicios esenciales para la ciudadanía en provecho del interés privado, como es el caso de transporte público urbano.
Por eso precisamente le pedimos a la Clase Trabajadora y al Pueblo en General que en las próximas elecciones generales no vote a Rajoy, ni a nadie que se le aproxime a él o a sus políticas. Que seamos capaces de articular un verdadero giro en nuestro País que posibilite no sólo el cambio de Gobierno, sino un rumbo distinto en la economía, en la distribución de la riqueza, etc. NO VOTES A RAJOY defensor de la banca, los especuladores y los corruptos.
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