Los
partidos de derecha brasileña engendraron un golpe de estado sacando
del poder a la Presidenta Dilma Rousseff, para implementar un proyecto
que había sido derrotado en las urnas en las elecciones presidenciales
de 2014 criminalizando los movimientos sociales y atacando el sistema
público de educación y salud.
El 4 de noviembre de 2016 la policía civil de Sao Paulo invadió la Escuela Nacional Florestal
Fernandes, una entidad educativa que pertenece al MST, Movimiento de los trabajadores Sin Tierra en Guararema, estado de São Paulo. Según el movimiento de trabajadores sin tierra, el ataque de la policía dejó dos heridos. Uno de ellos con una costilla rota. Dos miembros fueron detenidos. “Estamos viviendo en un estado de excepción (…) como lo estamos viendo con la violencia usada contra las ocupaciones de escuelas.” dijo uno de los líderes del MST.
Fernandes, una entidad educativa que pertenece al MST, Movimiento de los trabajadores Sin Tierra en Guararema, estado de São Paulo. Según el movimiento de trabajadores sin tierra, el ataque de la policía dejó dos heridos. Uno de ellos con una costilla rota. Dos miembros fueron detenidos. “Estamos viviendo en un estado de excepción (…) como lo estamos viendo con la violencia usada contra las ocupaciones de escuelas.” dijo uno de los líderes del MST.
Un proyecto aprobado en el Senado, retiró la participación obligatoria
de la Petrobras, empresa estatal brasileña, de la exploración del
yacimiento de petróleo del Presal y por lo tanto cancela el 75% de las
regalías que eran destinadas para la educación y el 25% para la salud.
El nuevo ministro de Educación, Mendonça Filho quiere la ejecución del
proyecto denominado “escuela sin partido”. Este proyecto busca censurar a
los profesores en el aula, prohibiéndoles comentar el contenido
enseñado, con el argumento de que los maestros están promoviendo un
“adoctrinamiento marxista” en las escuelas. Por otra parte, el gobierno
federal envió al Congreso un proyecto de ley que busca reformar los
programas de educación, poniendo fin a la docencia de materias como como
filosofía, sociología, artes y educación física.
Los miembros del congreso ya han aprobado y enviado al Senado una
propuesta de enmienda a la Constitución que congelaría durante 20 años
las inversiones en educación y salud pública. La respuesta de los
jóvenes fue inmediata: hay actualmente más de 200 universidades y cerca
de 600 escuelas secundarias ocupadas en todo el país y el movimiento
sigue creciendo.
La represión contra los estudiantes ha sido particularmente violenta e
ilegal: en Brasilia, el juez Alex Costa de Oliveira autorizó el uso de
tortura en contra de los adolescentes para desalojarlos de las escuelas.
Él permitió que la policía militar rodee las escuelas, corte el
suministro de agua, electricidad y gas y prohibió la entrada de
alimentos y de visitantes. En su orden judicial también permitió el uso
de ruido por la noche para impedir que los estudiantes duerman.
La estudiante de bachillerato Ana Júlia Ribeiro de 16 años hizo un
discurso histórico en la Asamblea Legislativa del estado de Paraná y
afirmó que los estudiantes saben para que están luchando. “No estamos
jugando. Nuestra bandera es la educación. Somos un movimiento que se
preocupa con las generaciones futuras, la sociedad y el futuro del
país”dijo ella visiblemente emocional. “Además, ellos quieren evitar la
discusión de las cuestiones de género en las escuelas, impidiendo una
sana discusión sobre la educación sexual y equidad de género”, afirmó
Camila Lanes, Presidenta de los sindicatos de secundaria.
Con el lema “ocupar y resistir”, los estudiantes de todos los rincones
de Brasil reafirmaron la esperanza de días mejores en el país y a pesar
de la violencia institucionalizada en Brasil después del golpe, prometen
defender la educación pública hasta el final.
San Pablo, 11 de noviembre de 2016.
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