14 Jul 2016
Condena de trabajadores agrarios es injusta y cruel.
Ya poco antes de la celebración del juicio el pasado 11 de julio y en múltiples ocasiones desde la ocurrencia de los acontecimientos de Curuguaty, el Secretariado de la FSM había manifestado su categórico rechazo al crimen que significa la condena a largas penas de los compañeros trabajadores agrarios paraguayos.
Con el proceso judicial que acaba de finalizar, se corrobora la violación de procedimientos legales que ha caracterizado todo este proceso durante los cuatro años que ha durado.
Junto a numerosas protestas y drásticas medidas de seguridad policial fuera y dentro del Tribunal, este determinó que los 11 procesados son culpables de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal y además encontraron a 9 de ellos culpables de homicidio doloso consumado y en grado de tentativa, estableciendo condenas que van de los 30 a los 40 años de prisión.
La matanza de Curuguaty fue el principal argumento de la oposición en el Parlamento para iniciar el juicio político al entonces Presidente Fernando Lugo quien había ordenado la ejecución de desalojos pacíficos de tierras ocupadas por campesinos, para su posterior relocalización en predios que serían otorgados en propiedad a los mismos.
En el caso de Curuguaty se determinó por las autoridades que alrededor de 70 trabajadores agrarios que habían ocupado tierras en litigio entre el Estado y una Empresa, se habían negado a iniciar el diálogo con las fuerzas de seguridad (grupo de élite integrado por 300 policías fuertemente armados) los que iniciaron disparos que dieron lugar a la masacre siendo responsables de las 17 muertes, aunque éstas se dieron tanto en las fuerzas policiales (6) como en las filas campesinas (11).
El amañamiento del proceso judicial se evidencia en que solo fueron tomados testimonios a policías los cuales, además, no se hicieron cumpliendo las pericias que correspondían, incluyendo la de balística para determinar qué grupo poseía los proyectiles de alto calibre utilizados en la matanza.
Con el proceso judicial que acaba de finalizar, se corrobora la violación de procedimientos legales que ha caracterizado todo este proceso durante los cuatro años que ha durado.
Junto a numerosas protestas y drásticas medidas de seguridad policial fuera y dentro del Tribunal, este determinó que los 11 procesados son culpables de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal y además encontraron a 9 de ellos culpables de homicidio doloso consumado y en grado de tentativa, estableciendo condenas que van de los 30 a los 40 años de prisión.
La matanza de Curuguaty fue el principal argumento de la oposición en el Parlamento para iniciar el juicio político al entonces Presidente Fernando Lugo quien había ordenado la ejecución de desalojos pacíficos de tierras ocupadas por campesinos, para su posterior relocalización en predios que serían otorgados en propiedad a los mismos.
En el caso de Curuguaty se determinó por las autoridades que alrededor de 70 trabajadores agrarios que habían ocupado tierras en litigio entre el Estado y una Empresa, se habían negado a iniciar el diálogo con las fuerzas de seguridad (grupo de élite integrado por 300 policías fuertemente armados) los que iniciaron disparos que dieron lugar a la masacre siendo responsables de las 17 muertes, aunque éstas se dieron tanto en las fuerzas policiales (6) como en las filas campesinas (11).
El amañamiento del proceso judicial se evidencia en que solo fueron tomados testimonios a policías los cuales, además, no se hicieron cumpliendo las pericias que correspondían, incluyendo la de balística para determinar qué grupo poseía los proyectiles de alto calibre utilizados en la matanza.
Añádase que se “perdieron” evidencias forenses que indicaban el ajusticiamiento de los trabajadores agrarios y la existencia de fuertes indicios de imparcialidad del fiscal y de otros letrados que intervinieron en el caso los cuales inclinaron la orientación de la investigación hacia la culpabilidad de los acusados provocando que desde su comienzo en el proceso judicial se ignorase el principio de presunción de inocencia.
El que a escasos dos días de la masacre se presentase un pedido de juicio político contra Fernando Lugo por su supuesta responsabilidad política en los sucesos de Curuguaty y por haber instigado las ocupaciones de tierras para generar el caos social votándose en el Legislativo, de manera exprés, mayoritariamente por su destitución, evidencia el trasfondo político de esta masacre de la cual se culpa, sin pruebas para ello, solo a los ahora condenados.
Tal manipulación política se explica más aun, cuando se conoce que las tierras ocupadas por los trabajadores agropecuarios estaban siendo reclamadas como propias por un grupo empresarial perteneciente al ex presidente del Partido Colorado de fuertes vínculos con el ex fiscal de la causa, hijo de una de las figuras más importantes del mismo Partido, y hoy Viceministro de Orden y Seguridad.
El tradicional dominio sobre la propiedad de la tierra y las principales instituciones del Estado había sido cuestionado por el inconcluso gobierno de Fernando Lugo quebrando seis décadas de hegemonía política del Partido Colorado. Su destitución devolvió el poder del Estado a dicho Partido.
Los trabajadores del campo paraguayo hoy están en la misma situación de despojo y de indefensión institucional que hace décadas y la justicia que debía ampararlos, acaba de reiterar el mensaje de siempre: todo el peso de la ley caerá sobre quien se atreva a cuestionar el poder establecido.
Los condenados no son los únicos destinatarios de la advertencia.
El que a escasos dos días de la masacre se presentase un pedido de juicio político contra Fernando Lugo por su supuesta responsabilidad política en los sucesos de Curuguaty y por haber instigado las ocupaciones de tierras para generar el caos social votándose en el Legislativo, de manera exprés, mayoritariamente por su destitución, evidencia el trasfondo político de esta masacre de la cual se culpa, sin pruebas para ello, solo a los ahora condenados.
Tal manipulación política se explica más aun, cuando se conoce que las tierras ocupadas por los trabajadores agropecuarios estaban siendo reclamadas como propias por un grupo empresarial perteneciente al ex presidente del Partido Colorado de fuertes vínculos con el ex fiscal de la causa, hijo de una de las figuras más importantes del mismo Partido, y hoy Viceministro de Orden y Seguridad.
El tradicional dominio sobre la propiedad de la tierra y las principales instituciones del Estado había sido cuestionado por el inconcluso gobierno de Fernando Lugo quebrando seis décadas de hegemonía política del Partido Colorado. Su destitución devolvió el poder del Estado a dicho Partido.
Los trabajadores del campo paraguayo hoy están en la misma situación de despojo y de indefensión institucional que hace décadas y la justicia que debía ampararlos, acaba de reiterar el mensaje de siempre: todo el peso de la ley caerá sobre quien se atreva a cuestionar el poder establecido.
Los condenados no son los únicos destinatarios de la advertencia.
Secretaría
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